EN las últimas semanas se han producido varios acontecimientos que afectan a la laicidad del Estado, a la presencia pública de la religión y al pluralismo de creencias y valores en una sociedad democrática. Por una parte, la prohibición gubernamental de una procesión atea de la Asociación madrileña de ateos y librepensadores, y otros grupos afines, el Jueves Santo. De nuevo surge el conflicto entre libertad de expresión y libertad religiosa, y ambas tienen que ser sustentadas por un Estado democrático. El rechazo de la procesión se basa en que se pueden prever incidentes de orden público, que se utilizan imágenes y símbolos religiosos como objetos de mofa y escarnio, y que se escoge un día concreto para lesionar los sentimientos de una parte importante de la población.
lunes, 25 de abril de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)