Los desafíos de un Estado laico

Unos 2.000 grupos evangélicos y una comunidad islámica de 700.000 personas implican un pluralismo religioso nuevo en España

JOAQUÍN PRIETO

Hasta hace pocos años, la gran mayoría de los partidarios de la laicidad defendían la separación neta del Estado respecto a la Iglesia; ahora, algunos laicos ya no tienen tan claro que eso deba traducirse en la indiferencia del poder. Parecía que la religión había sido derrotada por la modernidad, pero se ha hecho omnipresente en los conflictos mundiales, de Oriente Próximo a Irak, pasando por la bioética, el aborto o el espacio de las mujeres en la sociedad.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (Ferede) afirma que hay 2.200 confesiones evangélicas en España, de ellas 1.970 en su federación. La mayoría de los protestantes vienen de otros países. El número de musulmanes se estima en 700.000, aunque es más difícil precisar su grado de práctica religiosa.
"Nos encontramos ante un hecho nuevo", recalca Dionisio Llamazares, catedrático de Laicismo y Libertades Públicas en la Universidad Carlos III. "Teníamos un problema y se nos ha multiplicado. Esto es un reto fundamental para el poder público". Llamazares fue el director de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993 y como tal negoció los primeros acuerdos de reconocimiento del Estado a las comunidades evangélica, judía e islámica.
Han corrido ríos de tinta sobre la previsión constitucional de que el Estado "coopere" con las confesiones religiosas. La Comisión Islámica Española, encabezada por Mansur Escudero, pide que se regule la enseñanza del islam en la escuela, alegando que debe evitarse así el progreso de los radicalismos. La aparición de la primera treintena de profesores evangélicos en centros públicos españoles este curso se ha producido de la manera más discreta posible. La Federación de Entidades Evangélicas señala la persistencia de otras "situaciones discriminatorias", como la imposibilidad legal para los contribuyentes protestantes de destinar a sus iglesias el 0,5% del impuesto sobre la renta (IRPF), las restricciones al ejercicio de manifestación religiosa (en contraste con las procesiones católicas) o las dificultades para acceder a suelo público en el que instalar lugares de culto.

Dinero para iglesias minoritarias

El Gobierno ha dado un primer paso hacia la financiación de las confesiones minoritarias. Para ello ha montado la Fundación Pluralismo y Convivencia, dotada con tres millones de euros del presupuesto estatal. Poco dinero, en comparación con los 141,46 millones reservados a la Iglesia católica. Cualitativamente, las condiciones también son distintas: el episcopado utiliza libremente los fondos estatales que recibe (con ellos sostiene el culto y el clero), mientras que el dinero para otras confesiones ha de ser canalizado hacia proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social.
El Gobierno se reserva el control. La constitución de esa entidad fue presidida por el ministro de Justicia, Juan Fernando López-Aguilar, y en su patronato se incluyen personas de la Administración y otras que han recibido el visto bueno de los dirigentes de confesiones minoritarias. A juicio de partidarios de la laicidad, este paso implica "abrir un espacio a las confesiones no católicas dentro del Estado constitucional". Su actitud es desconfiada: "La religión sin control, dueña de almas y cuerpos, es un peligro cierto para la libertad", opina uno de sus militantes, Joan-Francesc Pont Clemente, profesor de la Universidad de Barcelona. "Una separación absoluta entre el Estado y las iglesias no sería conveniente, sobre todo después de la aparición del islamismo como una religión importante. No podemos cerrar los ojos al islam o terminarán financiándolo por entero Arabia Saudí o grupos integristas", argumenta. "Pedimos que los musulmanes puedan tener sus mezquitas en lugares bien situados y que no funcionen los lugares de culto en garajes ni en sótanos", donde resulta incontrolable la actividad de los grupos más radicales.
En otros lugares de Europa hay bastantes imanes venidos desde otros países y flujos de dinero de origen muchas veces mal conocido. España apenas ha comenzado a descubrir el pluralismo religioso. Cada iniciativa de los sectores laicos a sujeta las iglesias a derecho ha sido recibida con muchos recelos por sectores católicos: la sociedad española está acostumbrada a convivir con una sola religión.
En 1978 se declaraban católicos el 90% de los ciudadanos y dos tercios de la población española se consideraban católicos practicantes. En 2005, el conjunto de católicos sigue siendo importante (80%, según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas), aunque el vaciamiento de los templos y la desertización de los seminarios dan cuenta de un sentimiento confesional cada vez más difuso. En paralelo van creciendo otras iglesias y, desde luego, el número de personas que se consideran no creyentes, agnósticas o indiferentes al hecho religioso.

La inmigración empieza a notarse

El pluralismo cultural y religioso tiende a crecer, aunque sólo sea porque España contaba con 750.000 inmigrantes en 1998 y vio elevada esa cifra hasta 2,5 millones en 2003. Expertos de la Fundación Cives -una de las entidades más activas a favor de la laicidad del Estado- creen que una afluencia tan rápida y desordenada de personas impedirá que su integración social se realice de modo equilibrado.
Hasta ahora da la impresión de que ese mundo nuevo es casi invisible. No reclama nada, salvo que le dejen permanecer en España, aunque sea en situaciones ilegales o incluso clandestinas. Pero la película de los hechos previsibles ya se ha visto antes en otros países europeos, receptores de migraciones mucho más tempranas. La inmigración produce efectos más importantes de los que reflejan las estadísticas globales, porque tiende a concentrarse en relativamente pocas zonas de cada país, incrementando la sensación de una presencia mucho mayor de la que reflejan las frías estadísticas.
Ya es sabido que algunos barrios de la capital de España se vacían de madrileños de origen, cuyo lugar está siendo ocupado por personas procedentes de una heterogeneidad de países. Un caldo de cultivo favorable al integrismo, de una parte; y al crecimiento de las actitudes de extrema derecha, de otro.
Más allá de los Pirineos, la laica Francia cumple este año el primer centenario de la ley de separación entre la Iglesia y el Estado, en medio de una situación interesante: se ha acentuado el debate entre los laicistas tradicionales, partidarios de una separación lo más nítida posible entre las instituciones confesionales y el Estado; y los que sostienen que la religión no debe ser un hecho completamente ajeno al Estado, porque sus efectos trascienden el ámbito meramente privado.

El Estado como árbitro

La Constitución define a Francia como "una República laica", pero el sentido de ese adjetivo no fue precisado. Hay que remontarse a la ley del 9 de diciembre de 1905, que sancionó la separación entre Iglesia y Estado, para encontrar los preceptos aclaratorios: artículo primero, se respeta la libertad de cultos; artículo segundo, la República "no reconoce, ni subvenciona, ni paga salarios a ningún culto". Sostener las iglesias con fondos estatales o que se imparta enseñanza religiosa en centros públicos son conceptos aberrantes en el contexto francés.
Pero esos fundamentos legales han sido cuestionados con el paso del tiempo. La propia ley francesa de 1905, que separó el Estado de la Iglesia, entregó a "asociaciones culturales" la gestión de los lugares del culto católico, con los que el poder público no habría sabido qué hacer. Las administraciones francesas pagan a unos 45.000 profesores de las escuelas católicas y judías, en las que estudian el 13% del total de alumnos de primaria y el 20% de secundaria; se trata de centros que disponen de "contrato con el Estado", un régimen comparable a la enseñanza concertada en España. Desde 1987 es legal obtener una deducción fiscal por donativos religiosos, ventaja que se suma a la exención del impuesto sobre la propiedad y del impuesto de habitación.
La laicidad no implica una actitud de persecución religiosa, según sus defensores. "En realidad, pone al Estado en la posición de un árbitro cuyas reglas del juego son los derechos humanos", explica el jurista Olivier Schrameck, ex embajador de Francia en España. Para ser pluralista, "el Estado debe ser neutro. En particular, aunque sea con las mejores intenciones, no debe dejarse llevar y propagar, en nombre del laicismo, una moral racional que, supuestamente, pueda regir al conjunto de la sociedad. Promover el laicismo como ideología sería precisamente admitir su relatividad".

El islam en tierra laica

Una persona tan significada en la política francesa como el ex ministro de Interior y de Economía Nicolas Sarkozy, actual jefe del principal partido de la derecha, ha promovido el debate al declarar obsoleto el laicismo de 1905. Él defiende la integración del islam en la República, financiando de manera privilegiada a esta religión para que pueda organizarse y funcionar como las demás. Se basa en que la separación entre la Iglesia y el Estado se efectuó mucho antes de que comenzaran las grandes migraciones: pero actualmente hay cinco millones de musulmanes en Francia y esta comunidad se caracteriza por ser de un origen más modesto que los católicos y los judíos, constituido sobre la base de la mano de obra llegada a Francia y sin patrimonio recibido en herencia.
Con tal planteamiento, Nicolas Sarkozy ha cogido a contrapié a los partidarios de un laicismo clásico, pero también a los responsables de la comunidad musulmana, a los que constriñe a jugar el juego con las reglas del Estado.
El político francés se confiesa católico. "Cuando uno es creyente, no se debe temer la emergencia y el reconocimiento de otra confesión", afirma el líder de la derecha francesa, invitando a los dirigentes de la Iglesia católica de su país a "suscitar una gran reflexión sobre la necesidad de construir sinagogas, iglesias y mezquitas en los suburbios", como un medio de integrar a los individuos y a la sociedad en las zonas más plurales, conflictivas y a menudo marginadas. Sus ideas no convencen a otras muchas personas en Francia -empezando por el presidente de la República, Jacques Chirac- que le acusan de utilizar la religión para mantener el orden o, a lo sumo, para crear un lazo social allí donde reina el liberalismo económico.
Este debate puede parecer "muy francés", pero hay otros datos no exentos de interés. Por ejemplo: desde que ha comenzado el curso académico, está prohibida la exhibición de signos religiosos en la escuela pública francesa, en una iniciativa impulsada por Chirac. Tal prohibición ha surtido efectos: 44 muchachas que estudiaban en colegios e institutos de enseñanza media han sido expulsadas del sistema educativo a lo largo del curso por insistir en llevar el velo o pañuelo islámico en clase. La sociedad francesa ha sido capaz de subordinar el derecho a la educación al mantenimiento del "orden público" laico.
Lejos de tales problemas, todavía muy incipientes en España, los partidarios del laicismo del Estado están de momento en otra batalla. Su objetivo es la promulgación de normas que acentúen la neutralidad religiosa de la Administración a través de un Estatuto de Laicidad.
La iniciativa ha sido valorada severamente por intelectuales católicos. A raíz del discurso de Juan Pablo II contra el laicismo en España, en el mes de enero pasado, el catedrático Rafael Navarro-Valls glosó palabras de Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe y actual Papa, imputando al laicismo constituir una ideología que impone lo que se debe pensar y decir. A juicio de Navarro-Valls, el problema reside en la "intolerancia de doble signo": el fundamentalismo, de una parte; y de otra, el intento de sustituir las convicciones sociales por una ideología oficial.
"El Gobierno no está elaborando Estatuto de Laicidad alguno", asegura un portavoz del Ministerio de Justicia, el departamento que lleva la relación con las confesiones religiosas. La reflexión existente procede de un grupo formado por parlamentarios de varias fuerzas políticas (en el que no participa el Partido Popular), que lo conciben como un marco de garantías para caminar hacia la neutralidad ideológica y religiosa en el funcionamiento de las instituciones y servicios públicos.
La idea nació de la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, que agrupa a fundaciones civiles, sindicatos, grupos feministas, asociaciones pro-derechos humanos y otros grupos. "No se trata de proponer un proyecto de ley articulado, un cuerpo jurídico cerrado, sino un conjunto de principios y normas", según el diputado socialista Victorino Mayoral, miembro del intergrupo parlamentario que trabaja en este asunto y presidente de la fundación cultural Cives.
"El Estatuto de Laicidad debería garantizar la asistencia religiosa o moral que los ciudadanos demanden en instituciones y centros públicos, hospitales, cárceles, acuartelamientos y otros recintos", según este parlamentario.
Los documentos manejados por los promotores se oponen a que los profesores de religión pertenezcan al claustro académico a todos los efectos, "como si fueran funcionarios públicos docentes", pese a tratarse de profesores designados por sus respectivas confesiones. Igualmente se oponen a un sistema de designación y despido de profesores de religión "que permite instrumentalizar al Estado como ejecutor de despidos por razón confesional, contrariando el Estatuto de los Trabajadores y haciendo realidad la aplicación de un despido ideológico de imposible amparo constitucional".
"Desde luego, no se trata de prohibir las procesiones de Semana Santa, como alguien ha dicho por ahí", precisa Mayoral. Neutralidad de los símbolos
Un punto básico para los defensores de la laicidad consiste en acabar con la identificación entre las instituciones públicas y una determinada confesión religiosa. Algunos actos militares, que aún denotan la pervivencia del catolicismo como religión del Ejército, les parecen incompatibles con la neutralidad así concebida.
Otro objetivo consiste en evitar escenas como las vividas en el funeral de Estado por las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, realizado de acuerdo con el modelo de la confesión católica, que provocó protestas por parte de creyentes no católicos y otros sectores de opinión.
No menos chocantes son, para esos sectores, la participación del Rey u otros representantes del Estado en la ofrenda nacional al Apóstol Santiago. El rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, señaló el año pasado, en un artículo, la responsabilidad de los poderes públicos que mantienen "tradiciones obsoletas", en referencia a ese acto. El celebrado el 25 de julio de 2004 en la catedral de Santiago contó con la presencia del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió una reprimenda en público del arzobispo Julián Barrio, por iniciativas de su Gobierno. Otros países cuidan las circunstancias en que sus más altos mandatarios asisten a actos religiosos. Se puede ver al presidente de Francia, Jacques Chirac, o al de los Estados Unidos, George W. Bush, en actos ecuménicos con motivos muy señalados; fuera de ese marco, acuden a título privado.