Laicidad positiva

PAOLO FLORES D’ARCAIS El PAÍS

La "laicidad positiva" fue un hallazgo léxicoorwelliano con el que el presidente Sarkozy, en 2007, pretendía redimensionar la laicidad laica, la laicidad coherente, aunque podríamos decir incluso la laicidad sin adjetivos, de la tradición francesa. En la neolengua de 1984 de Orwell las palabras eran forzadas por el régimen del Gran Hermano para que llegaran a significar lo contrario de lo que siempre habían querido decir.

Por fortuna, desde el 26 junio de 2010 existe en Europa otra versión de "laicidad positiva", en la que el adjetivo "positivo" tiene efectivamente el significado de "positivo" (bueno, favorable, constructivo, ventajoso, leo en el diccionario de sinónimos). La interpretación auténtica del único sentido que en una democracia liberal puede tener la expresión "laicidad positiva" nos la han proporcionado los gendarmes belgas enviados por el ministerio fiscal de Bruselas a registrar las sedes de la Conferencia Episcopal y a secuestrar cualquier documento útil para llevar a juicio a los sacerdotes pederastas de ese país que habían escapado a la justicia.
Los obispos recibieron el mismo trato que habrían recibido los miembros de cualquier otra poderosa organización sobre la que pesara la sospecha de haber colaborado a que, durante décadas, unos peligrosos criminales se sustrajeran al imperio de la ley. En el curso de las nueve horas del registro les fue impedido salir del edificio y usar el teléfono móvil. Comunicar, en definitiva, con posibles cómplices.
Ningún demócrata puede hablar por lo tanto de "hecho inaudito y grave del que no existen precedentes ni siquiera en los regímenes comunistas de infausta memoria" si un obispo es tratado como cualquier otro ciudadano. Por el contrario, el cardenal Tarcisio Bertone -secretario de Estado de Benedicto XVII- lo ha hecho, ignorante de que en una democracia la ley es igual para todos. Ya había recibido una respuesta por adelantado del ex primer ministro belga, Yves Leterme, cuando recordaba que "quienes cometen abusos deben ser perseguidos y condenados según la ley belga" y añadía que las investigaciones "son la prueba de que en Bélgica rige la separación de poderes entre Estado e Iglesia". Leterme no es un "comunista de infausta memoria" sino un demócrata-cristiano. Para quien cuenta también la primera parte de la definición, a diferencia del cardenal Bertone.
Supone una posición de notable mezquindad, democráticamente hablando, la actitud de Ratzinger, que interviene para echar un cable ("sorprendente y deplorable modalidad de registros", ha afirmado) al
cardenal Bertone, precisamente mientras el portavoz de la Fiscalía de Bruselas rechazaba la agresión del cardenal con un perentorio "los registros han sido efectuados por profesionales que conocen a la perfección su trabajo y respetan los derechos de las personas".
Resulta evidente que la cuestión de la laicidad es hoy para Europa una cuestión central e ineludible. Para el Papa vale la lógica de que, cuando en algún asunto se ven implicados sacerdotes, "la justicia debe seguir su curso", pero "en el respeto de la recíproca especificidad y autonomía" de Estado e Iglesia. Frase en apariencia inocua, traducción burocrática del más elocuente "dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios", si no fuera por el hecho de que el Papa pretende ser quien decida si el Estado prevarica y cuándo. Pretende ser él, y no un tribunal civil, quien decida cuáles son las fronteras entre ambas jurisdicciones.
Se dirá, sin embargo, que no puede tratarse a los obispos de un país como "sospechosos" de complacencia o incluso de guardar la ley del silencio en relación a unos criminales (en este caso unos pederastas), y que el comportamiento de la justicia belga, por lo tanto, es "no se sabe si grotesco o innoble" (Vittorio Messori). Objeción francamente temeraria, dado el precedente del obispo de Bayeux-Lisieux, monseñor Pierre Pican, condenado a tres meses con la condicional por la justicia francesa por haberse negado a testificar sobre las actividades pederastas, por él conocidas, de un sacerdote de su diócesis, y que por esta actitud, propia de "ley del silencio", de "respetar la recíproca especificidad y autonomía" entre Estado e Iglesia, recibió, a través del cardenal Castrillón Hoyos, el encomio entusiasta y solemne de Juan Pablo II.
Precisamente mientras Bélgica (país tradicionalmente católico) explicaba con hechos lo que debe entenderse por "laicidad positiva", el Tribunal Constitucional alemán legalizaba definitivamente la eutanasia pasiva, anulando la condena de un abogado que había aconsejado a uno de sus clientes que arrancara el tubo del gotero de un pariente suyo a quien se mantenía con vida artificialmente y contra su voluntad. La Iglesia luterana ha aprobado la sentencia, no así la católica. Y en efecto, en un cuadro de laicidad realmente positiva el paso sucesivo -lógica y jurídicamente inevitable- es el derecho a la decisión soberana de cada persona acerca del final de su propia vida. En la católica Bélgica, al igual que en la protestante Holanda, ello ya es posible.
Bélgica, como han demostrado las recientes elecciones, vive un momento cargado de problemas políticos poco envidiables. Pero bajo el perfil de la laicidad, es indudable que hoy se harían necesarias más Bélgicas en todos los países de Europa.

Paolo Flores d’Arcais es filósofo y editor de la revista Micromega.

Traducción de Carlos Gumpert